Santiago Uribe: sigue en firme la condena por el caso de ‘Los 12 Apóstoles’

Jorge Camilo

Santiago Uribe: sigue en firme la condena por el caso de ‘Los 12 Apóstoles’

La condena de 28 años de prisión contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, continúa vigente después de que la Corte Suprema de Justicia negara una tutela presentada por su de…

La condena de 28 años de prisión contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, continúa vigente después de que la Corte Suprema de Justicia negara una tutela presentada por su defensa para intentar controvertir las decisiones judiciales que confirmaron su responsabilidad en el caso de ‘Los 12 Apóstoles’.

La determinación fue adoptada por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, que no encontró razones para conceder el amparo solicitado por los abogados del empresario. La defensa cuestionaba la decisión de la Sala Penal de rechazar el recurso extraordinario de casación que había intentado presentar contra la condena.

El expediente está relacionado con la estructura paramilitar conocida como ‘Los 12 Apóstoles’, que operó en el norte de Antioquia durante los años noventa y fue vinculada con homicidios selectivos y acciones de violencia contra personas señaladas de diferentes conductas. Por estos hechos, Santiago Uribe fue condenado por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

La decisión judicial tiene especial relevancia dentro de los procesos de esclarecimiento de la violencia paramilitar en Colombia, particularmente por tratarse de un caso que involucra al hermano de un expresidente de la República. El proceso también estuvo marcado por un prolongado recorrido judicial, que incluyó una absolución inicial posteriormente revocada por el Tribunal Superior de Antioquia.

Pese a los nuevos recursos anunciados por la defensa, la condena permanece en firme mientras se resuelven las actuaciones pendientes. El caso vuelve a poner de presente la importancia de las investigaciones judiciales sobre el paramilitarismo y la necesidad de que las responsabilidades penales sean establecidas sin distinciones por vínculos familiares, económicos o políticos.

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