Contrato para sistema de ingreso a estadios lleva a juicio a María Isabel Urrutia

Jorge Camilo

Contrato para sistema de ingreso a estadios lleva a juicio a María Isabel Urrutia

La exministra del Deporte María Isabel Urrutia Ocoró fue acusada formalmente por la Fiscalía General de la Nación debido a presuntas irregularidades en un convenio interadministrativo por más de 4.950…

La exministra del Deporte María Isabel Urrutia Ocoró fue acusada formalmente por la Fiscalía General de la Nación debido a presuntas irregularidades en un convenio interadministrativo por más de 4.950 millones de pesos, destinado a adelantar estudios para implementar un sistema de validación de ingreso a los estadios de fútbol.

La decisión fue adoptada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que le atribuyó presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. La investigación se concentra en el convenio suscrito con Aldesarrollo durante los últimos días de diciembre de 2022.

El proyecto buscaba poner en funcionamiento una plataforma para relacionar la identificación de los aficionados con las entradas a los escenarios deportivos y consultar sus antecedentes, con el fin de verificar si existían impedimentos para ingresar. La iniciativa estaba vinculada con las disposiciones del Decreto 1622 de 2022.

Sin embargo, para la Fiscalía, el proceso contractual habría presentado problemas desde su etapa inicial. Entre los cuestionamientos figuran la presunta falta de estudios de mercado, la ausencia de mecanismos para determinar los costos del negocio y el supuesto desconocimiento de las reglas que debían garantizar la participación de varios oferentes. También se investiga si la contratación habría favorecido anticipadamente a una particular mediante las condiciones de subcontratación.

La acusación sostiene, además, que Urrutia habría ignorado advertencias de funcionarios técnicos y jurídicos de su propio ministerio sobre posibles vicios en el procedimiento. La Fiscalía también cuestiona la información consignada en documentos oficiales que respaldaron el convenio. La exministra tendrá que responder ante la justicia por estos señalamientos, que todavía deberán ser examinados en el proceso judicial.

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