Mas de 500 municipios de Colombia, sin agua potable
Mientras el acceso al agua potable sigue siendo una necesidad básica insatisfecha en diferentes regiones del país, las cifras oficiales revelan un panorama preocupante: durante 2024, la mitad de los m…
Mientras el acceso al agua potable sigue siendo una necesidad básica insatisfecha en diferentes regiones del país, las cifras oficiales revelan un panorama preocupante: durante 2024, la mitad de los municipios sometidos a vigilancia sanitaria recibió agua que no reunía las condiciones adecuadas para el consumo humano.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, 506 de los 1.006 municipios con información disponible registraron agua no apta para el consumo. En 250 localidades, los resultados del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) se ubicaron en niveles de riesgo medio, alto o inviable. Los casos más graves se presentaron en Zaragoza, Antioquia; San Benito, Santander, y Tadó, Chocó, donde el agua fue considerada sanitariamente inviable.
A la problemática se suma la falta de información sobre una parte importante del territorio nacional. En 2024, 89 municipios que habían reportado resultados en mediciones anteriores, desde 2007, dejaron de hacerlo. El Chocó concentra la situación más delicada: apenas cuatro de sus 24 municipios que han estado bajo vigilancia tuvieron mediciones durante ese año. Nariño y Cauca también presentan importantes vacíos de información.
La situación tampoco muestra señales de mejoría en varios territorios. Diecinueve municipios registraron agua en riesgo alto o inviable de manera consecutiva entre 2020 y 2024. Zaragoza constituye uno de los ejemplos más preocupantes, pues su indicador de riesgo pasó del 47,4 % al 96,5 % durante ese periodo.
La desigualdad se hace aún más evidente en el campo. En 105 municipios el agua rural presenta riesgo alto o inviable, una cifra que duplica la registrada en los cascos urbanos, mientras que en otros 587 no se realizan mediciones de calidad del líquido en las zonas rurales. La ausencia de vigilancia y la falta de datos sobre la población expuesta dificultan conocer la verdadera dimensión de una problemática que afecta especialmente a las comunidades con mayores carencias de infraestructura y servicios públicos.