La absolución de Plazas Vega abre un nuevo debate judicial sobre la serie Palacio

El estreno de Palacio, la serie de Netflix sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia, abrió un nuevo capítulo judicial. Jaime Granados, abogado de la familia del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, impugnó la decisión que negó una tutela contra la plataforma y la productora Dynamo, al considerar que la obra presenta una versión que desconoce aspectos fundamentales de la verdad judicial.

La tutela fue interpuesta por los hijos del oficial antes del estreno de la producción. Entre sus solicitudes figuraban la inclusión de advertencias sobre el carácter ficcional de la serie y una referencia a la absolución de Plazas Vega por parte de la Corte Suprema de Justicia en 2015. El Juzgado 35 Civil Municipal de Bogotá declaró improcedente la acción el 4 de noviembre, al señalar que las presuntas afectaciones se basaban en conjeturas, pues la serie aún no había sido exhibida en su totalidad.

Tras el estreno del 6 de noviembre, Granados argumenta que ya existen elementos concretos para evaluar las reclamaciones. En el recurso afirma que la producción atribuye al coronel actuaciones relacionadas con disparos contra el Palacio, torturas y desapariciones forzadas, pese a que la Corte Suprema no encontró pruebas suficientes para condenarlo por esos hechos.

La defensa invoca los derechos a la honra, al buen nombre, a la presunción de inocencia, a la dignidad humana y a la verdad y memoria histórica en su dimensión individual. También cuestiona que la serie utilice nombres reales de familiares del coronel y que la absolución judicial se mencione únicamente durante unos segundos al finalizar los ocho episodios.

El recurso cita la sentencia SP17466-2015 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Según la interpretación de Granados, esa providencia estableció que no había pruebas suficientes para condenar a Plazas Vega por las desapariciones investigadas y que tampoco se acreditó que hubiera ordenado el traslado o la tortura de las personas mencionadas en el proceso. La defensa pide que el juez de segunda instancia examine si una obra de ficción puede presentar una reconstrucción de hechos históricos sin dar suficiente contexto sobre las decisiones judiciales que los rodearon.