JEP prepara millonario recorte: menos sede y protección para víctimas

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pondrá en marcha un plan de austeridad que contempla una reducción significativa de su infraestructura, sus gastos administrativos y los esquemas de protección. El nuevo presidente de la entidad, el magistrado Danilo Rojas, confirmó que en marzo de 2027 se entregará el actual edificio institucional para trasladar sus operaciones a una sede de menores dimensiones.

El cambio representará pasar de una infraestructura de 15.000 metros cuadrados a otra de 4.200 metros cuadrados. De acuerdo con Rojas, la decisión permitirá generar un ahorro cercano a los 26.000 millones de pesos anuales. Para conseguirlo, la entidad establecerá el trabajo virtual como norma y adoptará un sistema rotativo que permitirá compartir los espacios disponibles.

Sin embargo, uno de los aspectos más sensibles del ajuste tiene que ver con la seguridad. La JEP reducirá los esquemas de protección de magistrados, fiscales y el secretario ejecutivo, además de modificar los dispositivos destinados a víctimas, testigos y comparecientes. Según lo anunciado, estos cambios representarían un ahorro adicional de 37.000 millones de pesos anuales.

La reorganización también incluirá una disminución de los contratos de prestación de servicios, lo que supone nuevos ajustes en el funcionamiento cotidiano de la jurisdicción. En este escenario, será fundamental establecer cómo se distribuirán las responsabilidades y garantizar que los recortes no terminen afectando la atención a las víctimas ni el desarrollo de los procesos judiciales.

Aunque la reducción del gasto público puede representar una oportunidad para mejorar la eficiencia institucional, el ajuste también exige especial cuidado por la naturaleza de las funciones de la JEP. La protección de quienes participan en los procesos de justicia transicional constituye una condición fundamental para avanzar en el esclarecimiento de la verdad, la reparación y la no repetición.