Firmantes de paz, en riesgo: la Corte alerta sobre recortes y fallas de protección
La implementación del Acuerdo de Paz enfrenta nuevos obstáculos institucionales y presupuestales. Así lo advirtió la Corte Constitucional en el Auto 1538 de 2026, mediante el cual exigió al Gobierno n…
La implementación del Acuerdo de Paz enfrenta nuevos obstáculos institucionales y presupuestales. Así lo advirtió la Corte Constitucional en el Auto 1538 de 2026, mediante el cual exigió al Gobierno nacional adoptar medidas concretas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los antiguos integrantes de las Farc.
El alto tribunal dio 30 días hábiles al Ejecutivo para presentar una hoja de ruta que incluya metas, responsables y recursos destinados a la implementación del Acuerdo dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
La alerta tiene especial relevancia para los firmantes de paz, cuya reincorporación económica y garantías de seguridad continúan enfrentando dificultades. La Corte identificó fallas institucionales que impiden que los mecanismos de protección funcionen adecuadamente en los territorios.
A esta situación se suma la preocupación por los cerca de 53.000 millones de pesos que permanecen bloqueados en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). De acuerdo con las alertas recogidas por el tribunal, estos recursos están relacionados con proyectos productivos, beneficios económicos, antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación y apoyos para traslados por razones de seguridad.
El panorama presupuestal tampoco resulta alentador: el proyecto de presupuesto para 2027 plantea una reducción del 79,1 % en los recursos de inversión de la ARN, situación que llevó a la Corte a exigir explicaciones al Gobierno.
En su pronunciamiento, el tribunal recordó que el Acuerdo de Paz no es un compromiso pasajero de una administración, sino una política de Estado que debe cumplirse hasta 2030. Ningún Ejecutivo puede desconocer sus obligaciones mediante recortes, aplazamientos o modificaciones que terminen vaciando de contenido lo pactado.
La decisión también ordena poner en funcionamiento, en un máximo de 20 días hábiles, varias instancias de seguimiento y protección, entre ellas la CSIVI, el SISEP y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
La Corte evaluará las respuestas del Gobierno y advirtió que podrá declarar el incumplimiento de sus órdenes si las medidas adoptadas resultan insuficientes.
