Capuchas y cárcel: polémica por proyecto que avanza en el Congreso
El Congreso dio un nuevo paso hacia la creación de sanciones penales contra quienes utilicen capuchas, máscaras o prendas para ocultar su identidad mientras cometen actos vandálicos durante manifestac…
El Congreso dio un nuevo paso hacia la creación de sanciones penales contra quienes utilicen capuchas, máscaras o prendas para ocultar su identidad mientras cometen actos vandálicos durante manifestaciones. La Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate el Proyecto de Ley Anticapuchas con 20 votos a favor y dos en contra, pese a las advertencias de sectores del Pacto Histórico sobre sus posibles efectos en el derecho a la protesta.
La iniciativa, presentada por el representante Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, está integrada por cuatro artículos y busca crear el delito de «acto vandálico mediante el ocultamiento de identidad». Además, propone modificar el artículo 353A de la Ley 599 de 2000, que establece disposiciones relacionadas con la obstrucción de vías públicas que afecte el orden público.
La discusión estuvo marcada por el rechazo de una propuesta de archivo presentada por el representante Daniel Monroy, del Pacto Histórico. La proposición obtuvo 15 votos a favor y 21 en contra, por lo que el proyecto continuó su trámite. Durante el debate, la representante Laura Beltrán manifestó sus reparos y advirtió que la iniciativa podría terminar criminalizando la protesta social.
El texto define el ocultamiento de identidad como la utilización deliberada de máscaras, pasamontañas, prendas u otros elementos para dificultar la identificación de una persona durante la comisión de actos vandálicos. No obstante, la discusión plantea interrogantes sobre la aplicación de estas disposiciones y la necesidad de diferenciar entre quienes participan en manifestaciones y quienes efectivamente incurren en conductas delictivas.
La propuesta contempla penas de prisión de 54 a 96 meses y multas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Tras superar el primer debate, Arizabaleta fue designado ponente para defender la iniciativa ante la plenaria de la Cámara, donde continuará una discusión que enfrenta los argumentos de seguridad y orden público con las preocupaciones sobre las libertades ciudadanas.
